El abogado Leandro Villalba, auditor forense de la Contraloría General de la República, habló con Radio 1000 sobre el análisis que se hizo a la situación de Petropar, habiéndose encontrado numerosas irregularidades sospechosas. Señaló que debido al riesgo potencial existente que existía en esta operación, se concluyó que lo mejor era notificar al Ministerio Público del caso.
Manifestó que no se pudo comprobar el estado de unas 958 máquinas expendedoras de combustible pertenecientes a Petropar, esto a pesar de que la empresa fue consultada. Otra cosa curiosa que ocurrió, es que se supo que la supuesta reparación de un camión de la petrolera costó más que el propio vehículo, solo para que este termine en el mismo estado original.
Volviendo a lo de las máquinas expendedoras, estas no pudieron ser ubicadas a pesar de que, de nuevo, Petropar fue consultada sobre este tema y no habría dado una respuesta clara.
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