Por Héctor Alegre
En la Cámara de Diputados sigue avanzando el estudio de un Proyecto de Ley presentado como un avance en la protección de datos personales. Dicha propuesta fue lanzada como una manera de regular la función de las empresas que comercian con los datos personales de las personas, en especial en lo que hace a los requerimientos para acceder a créditos financieros.
Sin embargo, varios artículos de la iniciativa van muy lejos de la pretendida regularización de las firmas que lucran con los informes de capacidad de pago de la población, inmiscuyéndose incluso en áreas de la seguridad pública, puntualmente en lo que hace a la exigida lucha contra la delincuencia común como la organizada. Con este cruzamiento de conceptos, lo que surge es una especie de normativa que hasta incluso podría poner límites mínimos a las prerrogativas del Estado en lo que hace a estructurar políticas de seguridad realmente eficaces para beneplácito de aquellos que hacen a la violación de la ley su forma de vida, todo en detrimento de la población que se encuentra indefensa ante el avance del delito.
Por ejemplo, el proyecto pretende implantar parámetros europeos a una realidad completamente diferente como la nuestra. Es una copia casi exacta, pero con mayores regulaciones incluso, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) que entró en vigor para mejorar la protección de datos personales en mayo del año 2018, en lo que hace al almacenamiento, acceso, transferencia y divulgación de los registros de datos de un individuo y afecta a cualquier organización a nivel mundial que procese datos personales de personas de la Unión Europea.
Como decía el proyecto de ley, que incluso ya ha tenido dictamen favorable de algunas comisiones de la Cámara Baja, copia al GDPR que rige en la UE, con un pretendido espíritu de dar “soberanía” a la gente respecto de sus datos personales, pero donde en realidad se logrará eliminar a las empresas tecnológicas imponiéndoles restricciones absurdas, como prácticamente ilegales, para acceder y procesar datos de esos ciudadanos a los que se ofrecen servicios sin costo, a cambio de conocer sus patrones de comportamiento ESTADÍSTICO, nunca personal, con miras a ofrecer mejoras en las ofertas de productos y servicios que se le hacen, así como en la cadena de suministros de los mismos, satisfaciendo así sus necesidades con eficiencia económica (mayor calidad al menor costo en el menor tiempo).
Un ejemplo de las restricciones, que se acercan a lo absurdo: se pide consentimiento expreso para hacer biometría, lo cual anularía cualquier posibilidad de implementar mecanismos de seguridad de masas en calles y estadios, porque a 50.000 personas en un concierto o partido de fútbol no se le puede andar pidiendo autorización personal cada vez que tenga que ponerse frente a una cámara de seguridad. Además, las propias normativas vigentes sobre la protección de la identidad como intimidad de los habitantes de nuestro país son bastantes claras en cuanto a cómo se obliga a la protección de datos de este tipo tanto al Estado como a los particulares. Y con la redacción de esta propuesta, “de protección de datos” puedo decir que ganan los delincuentes y que pierde la gente honrada que necesita sentirse protegida de esos delincuentes, previniendo que pululen por lugares donde NO deberían estar y en caso de tener cuentas pendientes con la justicia ser puestos a la disposición de las mismas.
Además y de contramano con las directivas del nuevo gobierno, se pretende agrandar el Estado con nuevas agencias burocráticas a quienes además se les da el control de todas las bases de datos, públicas y privadas, a sabiendas que el menos indicado para albergar esos datos sensibles es una entidad burocrática que se convertirá en el “Gran Hermano” del Paraguay, con el riesgo latente (y en Paraguay casi certero) de que filtren esas bases al mejor postor, que, de caer en el mercado negro, expondría al país entero a una auténtica debacle al estar sus contraseñas e información sensibilísima en las manos equivocadas. No hay que olvidarse con la denunciada filtración de datos de la Policía Nacional y de otras instituciones, entre cédulas, órdenes de detención, informes sobre investigaciones, que hasta el día de hoy no ha sido aclarado.
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno
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