El diputado por El Salvador, Christian Guevara, en entrevista exclusiva con Radio 1000, reivindicó el método implementado por el presidente de su país, Nayib Bukele, para combatir las pandillas que causan terror en la nación centroamericana.
El gobierno salvadereño habilitó una “mega cárcel” exclusiva para destinar a miembros de las maras que han sicdo capturados por protagonizar distintos actos criminales, acción que ha sido objeto de críticas.
El legislador señaló que El Salvador venía atravesando una situación, ya no de delincuencia común, sino de prácticamente una guerra contra estos grupos, incluso calificados por Estados Unidos como organizaciones criminales terroristas. Comentó que específicamente las maras Salvatrucha y 18 dominaban complemtamente el país antes de que el gobierno tome intervención.
“Alguien necesita vivir en El Salvador para entender todo lo que pasa, estaba leyendo las cifras de homicidios, los índices de violencia de Paraguay, es como que ustedes multiplicaran por 100, para hacérsela fácil”, expresó.
Guevara enfatizó que a raíz de la violencia instaurada por estas pandillas, los ciudadanos salvadoreños no podían cruzar pueblos, ya que estos grupos hacían retenes, matando, torturando y hasta quemando buses con personas en su interior. “Decapitaban, encontrábamos cuerpos descuartizados”, contó.
El congresista explicó que el estado de excepción no significó un cambio notorio con respecto a la situación normal del país. Expuso que la medida más significativa fue modificar la normativa con el objetivo de que los procesos judiciales de estos pandilleros no prescriban.
“Acá los pandilleros usaban salidas legales para salir de la justicia. Si aquí un juez no determinaba el proceso con condena antes de los años, entonces tenía que autorizar la salida. El pandillero obligaba al juez a que no diera dictamen antes de los 2 años y así salían ellos. Hicimos que solo con los mareros los procesos no prescriban”, apuntó.
Subrayó que el modelo Bukele es efectivo pero sobre la base de la voluntad política de cambiar las cosas. “Tuvimos la voluntad de romper la lógica de que debíamos proteger a los delincuentes. Acá los Derechos Humanos nos han mal educado, de pensar de que los derechos de los delincuentes tienen que estar por encima de los buenos y trabajadores salvadoreños, dijimos YA NO MÁS”, concluyó.
