La presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, fue denunciada por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado a raíz de las ocho muertes suscitadas en la ciudad de Ayacucho como consecuencia del enfrentamiento ocurrido entre manifestantes y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el último jueves.
Los autores de la demanda son los abogados Abimael Mendez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba que no sólo acusan a la jefa de Estado, sino también a su premier Pedro Angulo y a los ministros Alberto Otarola (Defensa), César Cervantes (Interior). De igual manera está comprendidos altos mandos policiales en Ayacucho y el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
Los letrados sostienen que los mencionados violaron los derechos humanos de los manifestantes ayacuchanos que perdieron la vida. Por esa razón, solicitaron a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huamanga que ordene la detención de Boluarte y compañía porque cometieron presuntamente delitos en flagrancia y deberían tener prisión preventiva.
El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, ya había señalado que la presidenta Boluarte tiene mucho que ver en la muerte de ocho ciudadanos que dejó el enfrentamiento del jueves entre manifestantes y miembros del Ejército en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte.
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Rúa lamentó las muertes que, según manifestó, fueron realizadas por acciones irresponsables. “No podemos permitir que la gente siga muriendo, tengo ocho muertos y 52 heridos (…) Esto es lamentable”, dijo en declaraciones a Canal N.
Mencionó que si bien en las manifestaciones hay personas que se infiltran, no se puede permitir, desde el Estado, que el Ejército y la Policía tenga “ese tipo de accionar”. Indicó que respeta mucho al Ejército y la Policía, sin embargo, consideró que se debe asumir las responsabilidades.
Fuente: Infobae
