La divulgación de un contrato firmado entre Kassen Mohamad Hijazi y Amílcar Fretes, hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, suscripto para evitar la extradición de Hijazi a los EEUU a cambio de una fuerte suma de dinero es una bomba cuya onda expansiva aún no alcanzamos a determinar con exactitud. Sin embargo, a juzgar por las explicaciones vertidas para tratar de justificar lo sucedido es absolutamente factible visualizar el itinerario que siguieron los acontecimientos y las posibles responsabilidades que surgen a partir de lo que ya se conoce.
Kassen Mohamad Hijazi es un empresario brasileño de origen libanés que fue requerido por la justicia norteamericana por sus presuntos vínculos con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Detenido por el fiscal Marcelo Pecci en agosto del 2021, finalmente fue extraditado en julio del 2022. Pecci fue asesinado dos meses antes, en mayo.
El 12 de mayo del 2022, una comitiva enviada por la Fiscal General del Estado allanó tres celdas de la Agrupación Especializada, en una de las cuales guardaba reclisión Hijazi. Se labró acta de todo lo incautado, entre documentos, equipos informáticos y celulares, y entregado a la asistente del fiscal Lorenzo Lezcano. De todo lo relatado aquí hay constancia.
El diario ABC Color publica en su edición del pasado jueves 17 de noviembre del 2022 el facsímil del contrato por 368.000 dólares y las diferentes declaraciones de los protagonistas no dejan de llamar la atención, por contradictorias e inverosímiles. Repasemos las mismas brevemente, a continuación.
Lorenzo Lezcano admitió que “se abrió la carpeta”, es decir, que se inició investigación. Luego, el mismo Lezcano asegura que lo incautado durante el allanamiento fue entregado a un Fiscal Adjunto “por orden de la Fiscalía General”.
Pero más llamativo aún es lo siguiente: la Fiscalía aseguró en un principio que ellos no sabían nada del celular de Hijazi. La Dra. Alicia Sapriza le dijo a Radio 1000 que nada sabían del contrato publicado. Pero, por otra parte y como ya hemos visto, hay un acta de procedimiento en el que se encuentran asentados los objetos incautados en la celda de Hijazi.
Finalmente y para terminar este importante capítulo del celular de Hijazi, el diario ABC Color publica el sábado 19 de noviembre que el teléfono del libanés se encuentra en poder de la DEA. Lo otro y más increíble aún, la Fiscalía dice (y quiere que le creamos) que no ha peritado el aparato. El relato de los que están haciendo de voceros en el Ministerio Público no se sostiene.
Pregunta 1: ¿por qué el teléfono incautado en jurisdicción paraguaya está en poder de un organismo extranjero?
Pregunta 2: ¿por qué no fue peritado en el Paraguay? -de ser cierta esta versión-.
Pregunta 3: ¿qué sabía la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, sobre todos estos hechos y qué no sabía?
Por supuesto que la formulación de estas preguntas las realizamos al mero efecto de plantearnos cuestiones razonables y sabemos que usted, amable lector, podría estar planteándose otras. En realidad, cuando indagamos en la red de empresas y vínculos de Kassen Mohamad Hijazi con el lavado de dinero y el narcotráfico nos encontramos con numerosos informes de inteligencia de la SENAD, de la DEA y de la Policía Federal del Brasil que desde hace varios años alertan sobre los movimientos delictivos de esta persona y de sus asociaciones con otras en el Paraguay. Y desde que Marcelo Pecci lo arrestó no hemos visto que el Ministerio Público haya atacado a ninguno de sus vínculos advertidos por la DEA y la Federal en varios reportes. Reportes que siempre vinieron a parar al despacho de Marcelo Pecci y Lorenzo Lezcano; uno ya está muerto y el otro sigue vivo y desempeñándose de manera extrañísima, como claramente confirmamos en este caso.
Como corolario a este nuevo escándalo, debemos decir que nos parece llamativo que en la misma mañana en que se produce la divulgación de este infame contrato, el mismísimo Secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, ofrezca una recompensa de 5 millones de dólares por información útil que permita la captura de los que conspiraron para matar a Marcelo Pecci. ¿Tendrá algo que ver la incomprensible inacción de la Fiscalía con la autoría moral del magnicidio? Cabe preguntarse tal cosa, pues para ser coincidente, este ofrecimiento de recompensa el mismo día de la publicación de un documento que prueba un aparente tráfico de influencia entre un lavador y narcotraficante internacional y el hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay es cuanto menos raro.
Lo cierto y concreto: a Sandra Quiñónez y Antonio Fretes nada parece moverles a ofrecer explicaciones creíbles. Tampoco nada parece moverles al pudor, propio del sentido del honor, lo cual les llevaría a renunciar inmediatamente. Aquí afuera, al resto de los ciudadanos nos queda una vez más el amargo sabor de la impunidad, esa que la publicación realizada por el Senador Pedro Santa Cruz a través de ABC Color desnudó.
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